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Artículo de El Debate sobre la limitación del acceso de los menores a las redes sociales y los retos para su aplicación.

María Solano Altaba analiza los límites legales y tecnológicos para restringir el acceso de los menores a las redes sociales

Columna de opinión de María Solano Altaba, investigadora de la Universidad CEU San Pablo, sobre las dificultades legales y tecnológicas para limitar el acceso de los menores a las redes sociales, publicada en El Debate.

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La investigadora María Solano Altaba, profesora de la Universidad CEU San Pablo e integrante de los grupos ThinkOnMedia y Algorlit, firma en El Debate una columna de opinión en la que analiza las dificultades reales para limitar el acceso de los menores a las redes sociales.

En su artículo, la autora reflexiona sobre el anuncio del presidente del Gobierno relativo a la restricción del acceso a redes sociales a menores de 16 años y recuerda que esta medida ya está contemplada en el Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, actualmente en tramitación parlamentaria.

El análisis pone el foco en dos obstáculos clave para la aplicación efectiva de esta norma: la verificación de la edad y la falta de mecanismos tecnológicos plenamente operativos que permitan discriminar con fiabilidad las distintas franjas de edad. Aunque se han desarrollado soluciones como la aplicación del DNI digital (MiDNI), estas solo permiten acreditar la mayoría de edad y no resultan accesibles para menores.

Asimismo, la autora señala la resistencia de las grandes plataformas de redes sociales a implantar sistemas de control que limiten la incorporación de nuevos usuarios menores, así como las dificultades derivadas de la ausencia de un modelo de certificación de edad respaldado de forma efectiva por el Estado.

La columna aborda también el debate sobre el control de contenidos digitales para combatir los discursos de odio y la polarización, una cuestión que, en opinión de la investigadora, debe analizarse con cautela por sus posibles implicaciones para la libertad de expresión.

Desde una perspectiva crítica y fundamentada, María subraya la necesidad de abordar la protección de los menores en los entornos digitales de forma integral, combinando legislación, desarrollo tecnológico y educación mediática, más allá de anuncios políticos de difícil aplicación práctica.

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